La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK), quien desde el pasado martes cumple prisión domiciliaria tras ser condenada por supuesta corrupción en obra pública entre 2003 y 2015, alzó su voz este viernes contra las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal Nº 2, denunciando lo que considera un «régimen de exclusión totalmente arbitrario» respecto a las visitas que puede recibir en su domicilio.

Fernández de Kirchner manifestó a través de sus redes sociales su descontento con la decisión del Tribunal. Según la exjefa de Estado, el tribunal le permite recibir visitas únicamente de su núcleo familiar, sus abogados y sus médicos, y «previo listado».

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«El resto de mis relaciones con el mundo exterior, amigos, amigas, compañeros, compañeras, y otras personas que conozco y me vinculo por el sólo hecho de ser una persona que tiene vida, cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al tribunal y luego esperar su autorización«, expresó la dirigente peronista.

Por su parte, los abogados de CFK, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un recurso ante el Tribunal, argumentando que quienes cumplen pena en un domicilio particular «pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley«.

En el escrito, la defensa subraya que la expresidenta «no ha perdido ninguno de los demás derechos inherentes a su condición humana, tanto civiles como políticos«, más allá de la pena privativa de la libertad y la inhabilitación.

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Los letrados cuestionan la falta de explicación sobre el propósito de requerir autorización previa para las visitas y la ausencia de criterios claros para resolver dichas solicitudes, lo que podría derivar en una «discrecionalidad absoluta«.

Además, los abogados enfatizan el rol de Cristina Kirchner como «la principal líder política de la oposición al gobierno nacional y máxima dirigente del Partido Justicialista«. En un sistema democrático, señalan, no se puede limitar el derecho de un dirigente político a mantener contactos directos, incluso con líderes extranjeros.

En esta misma línea y a modo de ejemplo, los abogados mencionaron la intención del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de reunirse con la exmandataria. «No parece sensato que esta clase de encuentros deban estar supeditados a la obtención de autorizaciones judiciales previas«, afirmaron.

El recurso legal concluye que coartar los derechos de CFK con una regla de conducta «que no registra antecedentes, que no encuentra fundamento normativo y cuya finalidad no es explicada«, no solo lesionaría sus garantías personales, sino también las de «millones de personas que ella representa y, por ende, al sistema democrático y republicano de gobierno».

Este nuevo capítulo se suma a controversias previas, como la aclaración del tribunal sobre la posibilidad de que la expresidenta salga al balcón de su casa y la colocación de una tobillera electrónica, según denunció la propia Cristina Kirchner, quien insiste en que ha sido víctima de un proceso judicial infame desde la sentencia de 2022, ratificada por la Corte Suprema el pasado 10 de junio.

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